El Consejo General de Economistas (CGE) ve con "precaución" y "preocupación" el acuerdo para la "financiación singular" catalana que formalizaron el lunes la Generalitat y el Gobierno. "Ahora nos han dicho que se puede abrir a otras comunidades autónomas. Si singularizamos mucho, vamos a perder la realidad del conjunto", ha expresado Miguel Vázquez Taín este jueves en la rueda de prensa posterior al barómetro económico del primer semestre. Al igual que hizo el miércoles la presidenta de la Airef, Vázquez Taín se ha mostrado cauto a la hora de analizar las consecuencias del pacto, que ha generado más preguntas que respuestas. "No tenemos cifras, no tenemos clara cuál va a ser la propuesta final. Cuando tengamos la fotografía de lo que se va a plasmar y la temporalidad podremos dar una respuesta", ha agregado el presidente del CGE. El colegio de economistas se suma así a la creciente lista de instituciones económicas que han mostrado sus dudas sobre el 'cupo catalán'. El miércoles, la Airef advertía de que las fragmentaciones, como la de la Agencia Tributaria, generalmente suponen "una pérdida de eficacia y eficiencia". Ese mismo día, los inspectores de Hacienda pidieron la dimisión de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al entender que el pacto alcanzado dinamita el sistema tributario y supone "un ataque total a la cohesión fiscal del Estado". El acuerdo alcanzado entre Gobierno y Generalitat establece que Cataluña tendría un porcentaje de participación en los tributos que se recauden en la comunidad, mayor capacidad normativa y un mayor papel mayor de la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC) que asumiría competencias de gestión en el IRPF y deja la puerta abierta a asumir otros tributos. El texto es deliberadamente ambiguo, pero especialistas consultados por 20minutos señalan que puede interpretarse como la primera piedra en el camino hacia un 'cupo catalán' al estilo del que disfrutan País Vasco y Navarra. Dos comunidades que recaudan, gestionan e inspeccionan los tributos que se pagan en su territorio y tienen competencia normativa plena. El Consejo ha presentado este jueves su barómetro económico semestral en el que encuesta a los colegiados sobre la situación actual del país y sus perspectivas para los próximos seis meses. El 56% de los colegiados cree que la situación económica empeorará en los próximos seis meses, mientras que un 54,3% aprecia que el primer semestre del año ya ha sido peor que el segundo de 2024. El CGE ha preguntado a sus miembros por las consecuencias que tendría una reducción de la jornada laboral a 37,5 horas como pretende el Gobierno. El 61,7% de los encuestados opina que recortar el horario disminuirá el rendimiento de los trabajadores, el 19,3% cree que el impacto será neutro y solo el 19% sostiene que será positivo. Además, el 72,6% traslada que tendrá efectos negativos para las pymes. "Los economistas que están en la pyme dicen quizá para una empresa muy grande es más fácil reducir jornada, pero a la pyme debería dejársele más decalaje. Ahora mismo no es el momento, tiene muchos problemas antes", sostiene Salvador Marín, director del servicio de estudios del CGE. En lo que respecta al empleo, las perspectivas son más favorables. El 41,4% de los colegiados cree que el paro se mantendrá estable en el próximo semestre y solo uno de cada tres vaticina un incremento en la tasa de desempleo, mientras que un 25,5% espera nuevos descensos. El CGE también ha preguntado a sus asociados sobre el impacto esperado de los aranceles de Trump, una cuestión que dos de cada tres colegiados creen que será perjudicial o muy perjudicial para la economía española.