El terremoto provocado por la aparición del número tres del PSOE, Santos Cerdán, en un informe de la UCO incluyéndolo en una trama de comisiones y amaños de obra pública ha hecho temblar los cimientos de Ferraz. Y ha tenido además su réplica a 1. 300 kilómetro de allí, en la 'Casa de la República' de Waterloo, donde el expresidente catalán Carles Puigdemont tiene establecido su centro de mando. La caída del hasta el jueves secretario de organización de los socialistas, no solo supuso un torpedo en la línea de flotación del PSOE, que se verá obligado a pasar por una auditoría externa, sino que también puede dilapidar las relaciones con uno de los socios que sostienen a Pedro Sánchez en la Moncloa. Junts no ve con claridad que la persona en la que el presidente depositó su confianza para alcanzar acuerdos con ellos esté ahora apartado por un caso de corrupción y ha exigido una reunión "urgente" poniendo en cuestión la voluntad del presidente de agotar la legislatura. La marcha de Puigdemont a Bruselas tras impulsar el referéndum del 1-O fue visto para algunos como un exilio necesario para defender el proceso independentista fuera del ámbito español y para otros como una huida para no dar cuenta de sus actos ante la justicia. Pero lo que es una realidad es que supuso para el presidente la imposibilidad de acudir a los parlamentos y ocupar un escaño o participar de un mitin electoral en directo. Es decir, su decisión le condenaba a la irrelevancia política y a ver desde la distancia cómo su proyecto poco a poco se iba disolviendo. Consciente de que su voz desde Waterloo se oía mucho menos, Puigdemont hizo valer su poder orgánico dentro de partido y erradicó voces discordantes de la lista electoral de Junts a las elecciones generales de 2023, poniendo a la cabeza a Miriam Nogueras como su voz en el Congreso, para tener al grupo atado. La jugada le salió bien a medias. Muchas veces la vara de medir en esos comicios para Junts es quedar por delante o por detrás de ERC y, en este caso, su lista cosechó 70. 000 votos menos que los republicanos. Sin embargo, una endiablada aritmética parlamentaria que afloró en los últimos momentos del recuento de sufragios, convirtió sus siete escaños en imprescindibles para las aspiraciones de Sánchez a presidir España. Comenzaba a gestarse ya entonces la Ley de Amnistía. Puigdemont volvía a asomar la cabeza en la política española, pero necesitaba de un reconocimiento que solo el presidente del Gobierno podía darle. Por eso, desde un principio, exigió una reunión con él en un territorio lejos del control de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; un encuentro que no ha llegado a producirse, porque el coste político que esa foto podría tener para Sánchez. Y ahí, apareció la figura de Santos Cerdán. Un hombre de la "máxima confianza" de Sánchez para acercar los posicionamientos entre ambas formaciones que el 1-O y la intervención del autogobierno de Catalunya por la vía del 155 habían dejado echo añicos. Un hombre para restaurar "la normalización de la situación política en Catalunya", en palabras del presidente. Puigdemont movió ficha poniendo al secretario general de su partido, Jordi Turull, como su representante, y ambos establecieron una línea constante de contacto y para un trabajo común que quedó plasmado en la foto que el propio Cerdán accedió a hacerse con Puigdemont en Bruselas. Esa imagen era el retrato de la recomposición de relaciones entre ambas formaciones pero, sobre todo, la foto con Cerdán era la constatación del retorno de Puigdemont al ruedo político español. Un mes después, ese reencuentro entre los partidos quedó plasmado en el pacto de Bruselas -que lleva las firmas de Cerdán y Turull estampadas-. "No fue fácil, porque las posiciones siguen alejadas, pero Santos Cerdán no se equivocó con el diagnóstico de que la voluntad de Puigdemont era llegar a un acuerdo", dijo entonces el presidente. 'El Partido Socialista Obrero Español y Junts per Catalunya constatan que la situación política actual permite alcanzar un acuerdo para abrir una nueva etapa y contribuir a resolver el conflicto histórico sobre el futuro político de Catalunya', arrancaba el documento, que predisponía a ambas partes a llegar a puntos comunes a lo largo de la legislatura partiendo del 'reconocimiento del otro', especialmente del de Puigdemont. El texto ponía de manifiesto la distancia de ambas formaciones, como que a un lado de la mesa se trabajaría para convocar un referéndum de autodeterminación y al otro por ampliar el autogobierno catalán; desde el lado de Junts se exigía la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Catalunya y desde el PSOE se apostaba por medidas que permitan la autonomía financiera y un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación sobre Catalunya. Pero el documento elaborado por Santos Cerdan con Turull incluía también puntos de partida para iniciar una relación política al uso, una metodología y un verificador, y el propósito de acordar una Ley de Amnistía. Este no sería el único acuerdo entre ambas fuerzas. También pactaron trabajar para conseguir la oficialidad del catalán en las instituciones europeas a cambio del apoyo para hacer a Francina Armengol presidenta del Congreso, lo que demuestra el acercamiento de posiciones entre ambos partidos en los últimos tiempos. Así, las reuniones entre Cerdán y Turull se han sucedido y el propio dirigente de Junts ha reconocido que estaba ante un buen interlocutor, un reconocimiento no menor habida cuenta de las veces que Turull había criticado la actitud de otras voces socialistas. Prueba de esa buena relación llegó con el registro de Junts de una proposición no de ley por la que se instaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a someterse a una cuestión de confianza en el Congreso, una de las tiranteces entre ambos grupos que ha destensado el exnúmero tres del PSOE. La disconformidad de Puigdemont con un decreto Òmnibus del Ejecutivo que aglutinaba una serie de medidas -entre ellas muchas del denominado Escudo Social, algunas de las cuales Junts no estaba a favor- precipitó el registro de la petición de la moción de censura por parte de Junts a principios de año. Esto molestó a los de Sánchez que se opusieron a su tramitación. Pero finalmente, se llegó a un acuerdo entre las partes: tramitar esa proposición y sacar adelante el decreto. Los detalles de cómo se llegó a ese acuerdo se desconocen, más allá de la intervención del verificador, pero sí trascendió una reunión a finales de enero entre Cerdán y Turull en un restaurante de Madrid. La reunión sirvió para consolidar el buen ambiente entre los dos partidos y también con el Gobierno dada la "buena relación" que ambos interlocutores mantienen, expresaron entonces fuentes socialistas. Junt no se pronunció en esos términos, pero levantó la suspensión de las negociaciones sectoriales con los socialistas que había impuesto tras el desaire. A finales de febrero, los de Puigdemont retiraron la proposición para dar tiempo al Gobierno para materializar los acuerdos pendientes. Esa buena relación entre ambos dirigentes quedó patente el jueves minutos antes de hacerse público el informe de la UCO, cuando en una rueda de prensa, Turull restó credibilidad a la investigación y la circunscribió a la "batalla campal" entre socialistas y populares. De hecho, el dirigente de Junts recordó que él también había sido objeto de investigaciones de la Guardia Civil, y se mostró convencido de que Cerdán daría las explicaciones que fueran necesarias, respetando su presunción de inocencia. Ahora, Junts ve cómo la persona con la que abordaban todo su proyecto político y con quien desbloqueaban los escollos para avanzar en él, presuntamente cobraba mordidas de obra pública. Por eso, cuestiona si Sánchez debe continuar hasta 2027 al frente de Moncloa. Por el momento, exige una reunión para que el presidente les dé una explicación. Ahora queda esperar a si a Puigdemont le valdrá la respuesta de Sánchez. En base a ella, "tomarán decisiones", dicen fuentes del partido a sabiendas de que sus votos son parte necesaria para interrumpir el mandato del presidente.