La decisión de Santos Cerdan de escoger a Benet Salellas como su abogado defensor para hacer frente a sus presuntos casos de corrupción frente al Tribunal Supremo no ha dejado indiferente a nadie. No en vano, a Salellas se le ha vinculado siempre con los movimientos de la izquierda independentista, que ha defendido tanto como letrado como desde el escaño que ocupó en el Parlament entre 2015 y 2017 como diputado de la CUP, en los años clave del procés. Pese a que ya contaba con una dilatada experiencia como letrado, Salellas saltó al imaginario popular en la legislatura del referéndum y la declaración unilateral de independencia. Sucediendo en el escaño a otra figura relevante de la CUP como fue David Fernández, Salellas ocupó escaño junto a Anna Gabriel, ambos, inseparables en el hemiciclo y cercanos a las tesis de la organización de la izquierda independentista Endavan Osan. Salellas tienen en su haber, haber colgado la cabeza política de Artur Mas en su pared de trofeos. En palabras del propio Salellas, de haber enviado a Mas "a la papelera de la historia". Con la renuncia de Mas, la entonces candidatura formada por Junts y ERC -JxSí- conseguía los apoyos suficientes para gobernar y los cupaires conseguían de un lado acabar con un rival directo, con el "heredero de Pujol y artífice de los recortes en Catalunya", y de otro "quitar una pierda en el camino" para situar al frente de la Generalitat a un presidente desacomplejadamente independentista, Carles Puigdemont, a quien más tarde arrancarían un referéndum a cambio de unos presupuestos. Ese acuerdo se consumó en septiembre del 16 en un debate de la cuestión de confianza a la que se sometió Puigdemont pronunció el lema "referéndum o referéndum" fijando la consulta para la segunda quincena de septiembre de 2017 -finalmente se celebraría el 1 de octubre- e iniciando un año de vértigo político en el que Salellas ejercería un papel clave azuzando al Govern en no ceder a las dudas y llevar a cabo el desafío independentista. Como jurista, Salellas fue clave en la redacción de la ley del referéndum y en la ley de transitoriedad catalana -la ley que debía certificar la independencia y sentar las bases de la transición del ordenamiento jurídico actual a uno catalán- que preveía sustituir el Tribunal Constitucional (TC) por una 'Sala de Garanties' catalana y crear un Tribunal Supremo propio. Conocedor del funcionamiento de los mecanismo judiciales, durante los meses previos a la celebración del referéndum, Salellas advirtió en múltiples ocasiones de no caer en el triunfalismo transmitido por Puigdemont que aseguraba que, una vez votado y en caso de ganar el 'sí', no habría problemas en implementar la independencia, porque se iría "de la ley a la ley". El entonces diputado cupaire advertía de que no sería así y de que habría consecuencias legales para los impulsores. Tras este periodo como diputado -los estatutos de la CUP impedían a sus diputados repetir en el escaño-, Salellas volvió a ejercer como abogado siguiendo los pasos de su padre.  A Sebastià Salellas, se le ha conocido en Girona como el abogado de los pobres y, como su hijo, se ha hecho cargo de casos de difícil defensa. Licenciado en Filología Clásica por la Universitat de Barcelona, en Derecho por la Universitat de Girona y con un Diploma de Estudios Avanzados en Doctorado  de Derecho Penal por la Universistat Pompeu Fabra, Benet Salellas ejerce la abogacía desde 2003. El arraigo a la ciudad de Girona donde nació en 1977 se hace patente en que es allí donde Salellas mantiene su despacho de abogados rechazando el centralismo de Barcelona en Catalunya. Un arraigo que comparte con su familia: su hermano Lluc Salellas es el actual alcalde de la ciudad con una coalición liderada por la CUP. Tras el referéndum y la intervención del autogobierno de Catalunya a través del artículo 155 de las Constitución, junto a los letrados Marina Roig y Alex Solà,  Salellas se hizo cargo de la defensa de uno de los encausados por impulsar el 1-O, el entonces presidente de la entidad cultural independentista Òmnium Jordi Cuixart, y protagonizó rifirrafes jurídicos con el juez del Supremo Manuel Marchena que llegó a reprocharle que desde la bancada de los letrados diera "lecciones de derecho constitucional" a lo magistrados. Además, ha representado a numerosos manifestantes independentistas encausados por altercados durante las protestas del procés y a imputados en distintas piezas del caso Volhov, que investigaba al entorno de Carles Puigdemont por un presunto desvío de fondos y la presunta injerencia rusa en el procés. Consiguió las absoluciones de participantes en los altercados que se provocaron en las noches posteriores a la publicación de la sentencia del procés en base a demostrar que la identificación de los dos jóvenes por parte de los Mossos d'Esquadra presenta “una escasa calidad y una insuficiente capacidad probatoria". Y en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos logró que considerarán libertad de expresión la quema de una foto del Rey Juan Carlos y la Reina Sofía en Girona en 2007. Ha publicado los libros 'Yo acuso', que plantea la experiencia del ejercicio de la defensa en los juicios políticos, y 'En encesa espera', sobre los independentistas que fueron detenidos en 1992, poco antes de los Juegos Olímpicos de Barcelona, en la llamada Operación Garzón. Para escribir este último libro se basó en el sumario que encontró en el despacho de su padre. Queda claro que Salellas tiene experiencia a la hora de batirse en toga con el tribunales de altura, solo que esta vez lo hará para defender los derechos de alguien alejado del ideario que ha venido defendiendo a lo largo de su carrera y por motivos -delitos más bien- totalmente distintos. De momento su representado está en prisión provisional en la cárcel de Estremera. Solo el tiempo podrá dirimir si puede enviar el lapidario informe de la UCO junto con Mas, a la papelera de la historia.