El empresario Joseba Antxon Alonso, administrador único de Servinabar y persona cercana al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, ha asegurado este lunes en el Tribunal Supremo que durante una época pagó un sueldo mensual a Koldo García a cambio de que este le presentara oportunidades de negocios de obra privada. Fue Cerdán quien avisó a Alonso de que Koldo García estaba en paro y buscaba trabajo, así que el empresario lo tuvo a sueldo durante nueve meses, antes de que García se convirtiera en asesor del Ministerio de Transportes en 2018. Por otro lado, el empresario ha negado la venta del 45% de las participaciones de su empresa Servinabar al ex número tres del PSOE. De modo que, en línea con el exdiputado, ha negado que Cerdán cobrara parte de las adjudicaciones públicas que obtuvo Servinabar en unión temporal de empresas (UTE) con Acciona. Según fuentes jurídicas, Alonso ha negado que su empresa se haya beneficiado de contratos públicos amañados, ha reconocido su relación de amistad con Santos Cerdán y ha rechazado que el exdiputado llegara a comprar parte de su mercantil. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encontró en el domicilio de Alonso un contrato privado, firmado por Cerdán y el empresario, en el que se recogía aquella venta. Sin embargo, tanto Santos Cerdán como Alonso han asegurado que aquella escritura es un borrador que nunca llegó a elevarse a público y, por tanto, nunca tuvo efectos jurídicos. Alonso coincide con Cerdán al apuntar queEl investigado, que se ha negado a contestar al juez, a la Fiscalía y a las acusaciones populares, no ha hablado en el Supremo sobre las relaciones que mantuvo con el PNV y EH Bildu. Según Cerdán, el empresario Alonso fue clave en las negociaciones para recabar el apoyo de ambos partidos a la moción de censura de Pedro Sánchez. Este lunes, el juez del Tribunal Supremo también ha tomado declaración a Fernando Merino, que trabajó en Acciona hasta el año 2021. Merino ha admitido que conoció a Cerdán en 2014, cuando llegó a Navarra, "en una ronda de presentaciones". Cuando el juez le ha preguntado el motivo del encuentro, el investigado ha afirmado que era "habitual" para él reunirse con "los agentes sociales", en este caso con un representante de la oposición en el Parlamento navarro. Ha negado su implicación en los amaños de contratos públicos y ha afirmado que él no era el encargado de decidir a qué adjudicaciones se presentaba Acciona, y tampoco quien escogía formar uniones temporales de empresas con otras compañías.