La reducción de jornada sufre un nuevo retraso y tendrá que esperar al menos hasta después de verano para seguir avanzando en su tortuosa y cada vez más incierta tramitación. El Ministerio de Trabajo remitió este martes un comunicado consensuado con Junts, según sostienen los de Díaz, en el que anuncia que se pospone el debate de enmiendas a la totalidad previsto para el 22 de julio hasta el próximo periodo de sesiones. La oposición de Junts, que no estaba dispuesto a levantar el veto a la medida, amenazaba con embarrancar la reducción de jornada en su fase inicial. Y pone muy difícil, si no ya casi imposible, que la norma llegue a estar aprobada antes de que acabe el año, como se había propuesto el Ministerio de Trabajo y como figura en el acuerdo de coalición entre PSOE y Sumar. Fuentes del departamento que dirige Yolanda Díaz sostienen que se ha adoptado esta decisión por un doble motivo. Por un lado, consideran que el clima político actual —con los escándalos de presunta corrupción que rodean al PSOE— hubiera secuestrado el debate. Arguyen que el debate se habría convertido en un plebiscito sobre el Gobierno y el apoyo de sus socios que desvirtuaría una medida laboral clave para el Ejecutivo. Por el otro lado, las fuentes mencionadas anteriormente trasladan que Junts ha pedido expresamente más tiempo para negociar la medida, algo que los posconvergentes no han confirmado. Siguiendo este razonamiento, el departamento de Díaz entiende que sería insensato seguir adelante si los independentistas quieren seguir negociando. En el comunicado difundido por Trabajo se señala que Junts "ha recordado su interés en proteger a las pymes, autónomos y trabajadores de Cataluña que se enfrentan a diario con los impedimentos que dificultan su actividad y crecimiento". A renglón seguido trasladan que "para Junts, la ley no es posible sin consenso", que "debe ser una oportunidad para las pymes" y que "recoja todas las peticiones". Algo que requiere, prosigue el texto, "tiempo y seguir trabajando". La misiva concluye señalando que la reducción de jornada es "una medida importante para el Gobierno español", motivo por el cual el Ministerio de Trabajo "ha decidido dar más tiempo" a la negociación y llevarla al siguiente periodo de sesiones. Pese a que Trabajo achaca su decisión a que el actual clima político no garantiza que la reducción de jornada no sea derribada en el Congreso, lo cierto es que la negociación con Junts lleva meses encallada. Aunque las conversaciones nunca han terminado de romperse y Díaz ha seguido hablando con los independentistas catalanes, lo cierto es que el partido de Carles Puigdemont ha sido extremadamente duro. Y no solo en público, sino también en privado con una norma que, entienden, perjudica al tejido empresarial catalán y especialmente a las pequeñas y medianas empresas, con quien Junts quiere recuperar una relación fluida tras el alejamiento con algunas patronales en los años del procés. A los independentistas no les ha gustado que Díaz haya expresado en los últimos meses su confianza en que podrá llegar a un acuerdo con ellos. El pasado mayo, la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, aseguró en sede parlamentaria que, si de su partido depende, la reducción de la jornada laboral "nunca va a ver la luz" porque Cataluña no es "un pueblo de subvenciones" ni de "vagos". "Los catalanes somos unos currantes, nos han enseñado generación tras generación lo que es la cultura del esfuerzo, nos han enseñado a currar, a pensar, a crear, incluso nos han enseñado a mover montañas, a ganarnos la vida", llegó a espetar Nogueras, que con ese tono extremadamente duro equiparó trabajar media hora menos al día con "ir por ahí mendigando". Tras ese día, Junts no ha vuelto a ser tan agresivo en la defensa de sus postulados, pero el fondo de su discurso ha sido el mismo: el de rechazo a una medida que, entienden, coarta la libertad de empresa. Hace tan solo un par de semanas, fuentes del partido aseguraban tras la reunión que mantuvo Nogueras con Díaz que la negociación "está donde estaba" y que no se había producido ningún avance, y calificaban de "muy, muy complicado" que Junts pueda terminar dando su apoyo a la norma si la enmienda a la totalidad se votaba el 22 de julio, como quería la vicepresidenta. "Si llevan el debate de la enmienda de totalidad ese día, ellos verán los votos que tienen", retaban entonces estas fuentes. Aunque Trabajo ha tratado de mantener un discurso de optimismo y aseguran que siguen confiando en que Junts finalmente cambie de opinión, lo cierto es que Díaz y los suyos han ido cambiando sutilmente su posición en las últimas semanas. De hecho, hace un par de semanas fuentes próximas a la vicepresidenta ya se ponían la venda antes de la herida y aseguraban que, si los independentistas tumban la reducción de la jornada, tendrán que rendir cuentas ante su electorado. "A veces una derrota parlamentaria es una victoria política", razonaban estas fuentes para argumentar que el electorado tiene muy claro que Díaz defenderá la medida hasta el final.