La reducción de los descuentos del bono social eléctrico a partir de julio pone expectantes a miles de hogares vulnerables. Y es que si bien este cambio forma parte del plan progresivo de retirada de medidas extraordinarias implementadas durante la crisis energética, no cabe duda de que tendrá un impacto directo en la factura de la luz de las familias que dependen de esta ayuda para cubrir sus necesidades básicas. El bono social eléctrico nació para proteger a los consumidores más vulnerables frente a la volatilidad de los precios energéticos. Sin embargo, durante la crisis energética de 2022, cuando la electricidad alcanzó niveles históricos, el Gobierno incrementó temporalmente los descuentos para amortiguar la subida de precios. Así, los consumidores vulnerables recibieron un descuento del 65 % y los consumidores vulnerables severos del 80 %, un apoyo esencial en un contexto de inflación generalizada. Desde finales de 2024, estos descuentos extraordinarios comenzaron a reducirse de forma escalonada con el objetivo de retornar a los niveles de antes de la crisis. En este contexto, desde el 1 de julio de 2025 y hasta el 31 de diciembre de este mismo año, los beneficiarios verán aplicados descuentos menores del 42,5% para consumidores vulnerables (frente al 50% anterior) y del 57,5% para consumidores vulnerables severos (antes 65%). Lo cierto es que aunque el cambio pueda parecer moderada en términos porcentuales, se traduce en un aumento aproximado de 5 euros al mes para un hogar medio con 4. 6 kW de potencia contratada y un consumo mensual de 292 kWh. En total, hasta finales de 2025, estos hogares pagarán 30 euros más. Aun así, el bono social continúa siendo la mejor tarifa disponible en el mercado. Su acceso se realiza a través de las comercializadoras reguladas y garantiza, además del descuento eléctrico, el derecho al bono social térmico, una ayuda económica para afrontar gastos de calefacción, agua caliente o cocina. También ofrece protección adicional frente a cortes de suministro por impagos, un factor clave para hogares con dificultades económicas continuadas. Muchas familias que cumplen los requisitos desconocen su existencia o no logran finalizar el proceso de solicitud. Por esto, la OCU reclama una mayor visibilidad y accesibilidad para este derecho, proponiendo incluso que la aplicación del bono social sea automática para los hogares que cumplan los criterios. Así se evitaría que quienes más lo necesitan se queden sin la ayuda por desconocimiento o burocracia. Por otro lado, también se insiste en la necesidad de reducir los impuestos aplicados a la energía, como el IVA y el Impuesto sobre la Electricidad. Aunque se han rebajado en momentos puntuales para frenar la inflación energética, su retorno a los tipos anteriores penaliza especialmente a los consumidores vulnerables.