La factura de la luz de los hogares vulnerables vuelve a subir este mes de julio. ¿La razón? Los descuentos que el Gobierno aprobó en 2022 para hacer frente a la crisis energética y su consecuente subida de precios, se han ido retirando progresivamente para recuperar su cifra original, y se espera que, a partir de 2026, se queden en el 35% (consumidor vulnerable) y 50% (consumidor vulnerable severo)Durante la etapa más crítica de la crisis energética, los hogares vulnerables llegaron a beneficiarse de descuentos del 65 %, y los considerados vulnerables severos, de hasta el 80 %. Estas ayudas fueron clave para amortiguar el impacto de la inflación y la subida del precio de la electricidad. Sin embargo, desde finales de 2024, estos descuentos comenzaron a reducirse de forma gradual. Desde el 1 de julio, los hogares acogidos al bono social eléctrico cuentan con descuentos más reducidos en su factura. La rebaja aplicada sobre el precio de la tarifa regulada —condición necesaria para acceder a esta ayuda— ha disminuido del 50 % al 42,5 % para los consumidores vulnerables, y del 65 % al 57,5 % para los considerados vulnerables severos. Las consecuencias de esto, pese a que el cambio pueda parecer moderado en términos porcentuales, son un aumento aproximado de 5 euros al mes para un hogar medio con 4. 6 kW de potencia contratada y un consumo mensual de 292 kWh. En total, hasta finales de 2025, estos hogares pagarán 30 euros más. Eso sí, desde OCU son optimistas. "Pese a esta reducción de los descuentos, el bono social sigue siendo la mejor tarifa disponible" y reclaman que "se promocione la mayor visibilidad del bono social, pues muchos hogares que tienen derecho a él no lo disfrutan por desconocimiento o por las dificultades para solicitarlo". En cuanto al impacto geográfico de esta medida, aunque en Madrid y Barcelona hay más perceptores de esta ayuda, porque el número de habitantes es mayor, su incremento se notará más en lugares con menos población y donde los beneficiarios del bono social está están más concentrados. Es el caso, según un estudio de Roams, de Badajoz y Cáceres, seguidas de Jaén, Albacete o Ciudad Real.