El Defensor del Pueblo ha solicitado al Ministerio de Vivienda, a las comunidades y ciudades autónomas y a los ayuntamientos de los diez municipios más grandes de España detalles sobre las medidas que están adoptando para "hacer efectivo" el derecho a una vivienda "digna y adecuada". Según ha dado a conocer este jueves en un comunicado, la institución encabezada por Ángel Gabilondo ha iniciado de oficio 30 actuaciones para pedir a las administraciones competentes información sobre la situación del parque público de vivienda y la regulación de los pisos turísticos, entre otras cuestiones. La petición del Defensor del Pueblo reclama específicamente datos sobre el número de viviendas protegidas y asequibles incentivadas que existen en cada territorio, el número de personas a la espera de adjudicación de este tipo de inmuebles y las medidas dirigidas previstas o en marcha para incrementar el parque público. Además, se piden cuentas sobre las ayudas ofrecidas para el pago de alquileres y sobre las medidas previstas para regular y, en su caso, limitar las viviendas de uso turístico. Los ayuntamientos interpelados son concretamente los de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Murcia, Palma, Alicante y Las Palmas de Gran Canaria. Entre estas urbes se encuentran algunas de las ciudades con precios más caros tanto de viviendas en alquiler como en compra. "La situación de dificultad de acceso a la vivienda se reproduce en prácticamente todas las comunidades autónomas y ciudades medias y grandes, pero es más intensa en aquellos territorios con más población y receptores de más turismo", argumenta el comunicado. A las comunidades se les exige también que determinen si en su territorio existen áreas de mercado residencial tensionado y si van a aplicar las medidas previstas en la ley de vivienda para estas zonas. La norma aprobada en la legislatura pasada introduce esta consideración para aquellos barrios o municipios en los que los vecinos dediquen más del 30% de sus ingresos a pagar el alquiler o la hipoteca o donde el precio de la vivienda se haya incrementado al menos tres puntos por encima del IPC en los últimos cinco años. En base a estos criterios, las comunidades autónomas pueden pedir declarar zonas tensionadas para limitar el precio de los alquileres y activar bonificaciones fiscales para los caseros que bajen precios, entre otras medidas. Las regiones del PP rechazan aplicar este mecanismo, al creer que es contraproducente para la oferta. Asimismo, el Defensor del Pueblo ha preguntado también al ministerio dirigido por Isabel Rodríguez sobre el contenido del próximo Plan Estatal de Vivienda y le ha reclamado que dé cuentas de en qué punto se encuentra la creación de la empresa pública de vivienda anunciada a finales del año pasado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como sobre cualquier otro instrumento previsto para garantizar el derecho a un techo. "El acceso a una vivienda en condiciones asequibles constituye, además de una necesidad básica de las personas, un derecho reconocido en el artículo 47 de la Constitución que los poderes públicos deben hacer realidad", recuerda el comunicado. Gabilondo ya avanzó a principios de año en el Congreso la intención de iniciar estas actuaciones ante la creciente preocupación por el problema de la vivienda. En su informe anual presentado hace unas semanas en la Cámara Baja, la institución remarcó que las dificultades de acceso están ahondando la desigualdades entre los ciudadanos y condicionando su desarrollo personal y el disfrute del resto de derechos básicos. "El acceso a la vivienda en España es un problema grave debido a los altos precios. Se observan retrasos considerables en la gestión de ayudas, como el bono de alquiler joven, y largas esperas en la adjudicación de vivienda de protección pública", denunció en su balance de actividad de 2024. Para hacer frente la crisis habitacional, el Defensor del Pueblo considera clave aumentar "significativamente" la oferta de vivienda protegida y garantizar su blindaje "permanente". Recuerda que España "destaca negativamente" por su escaso parque de vivienda social, que apenas representa el 3,3% del total, según datos del Observatorio de Vivienda y Suelo de 2024. Es una proporción muy inferior a la media europea, que ronda el 9%, y aun más alejada de países como Países Bajos o Francia, donde alcanza el 30% y 17% respectivamente.