El Senado de Italia dio este miércoles el aval final al decreto sobre seguridad impulsado por el Gobierno de Giorgia Meloni. La nueva ley nace con polémica porque plantea una batería de nuevos delitos y endurecimientos de penas por las protestas ciudadanas o la ocupación de viviendas. Mientras la primera ministra italiana asegura que lo que hace su Ejecutivo es proteger a familias, policías y "propietarios honestos", la oposición habla de deriva autoritaria. El decreto, que ya había sido aprobado en la Cámara de Diputados, recibió en el Senado 109 votos a favor, 69 en contra y una abstención. En 39 artículos, se introducen 14 nuevos delitos y 9 circunstancias agravantes para delitos ya existentes, además de un paquete de medidas para proteger el cumplimiento de la ley. El Decreto de Seguridad reescribe varios artículos del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal, previendo nuevos delitos y diversas circunstancias agravantes. Se recoge el delito de corte de carreteras, la represión de las ocupaciones ilegales y del cannabis, pero también medidas específicas contra el terrorismo y contra los motines en las cárceles, además de introducir nuevas medidas para las madres reclusas. También se revisan los delitos dentro y fuera de las estaciones de ferrocarril y metro y para quienes estafen a ancianos. El Gobierno de Meloni da ahora más poder a la policía. Los agentes podrán llevar armas personales incluso fuera de servicio y tendrán hasta 10. 000 euros en costas judiciales cubiertas por el Estado si son investigados por acciones relacionadas con su servicio. También aumentan las penas para quienes les agredan. Delito de posesión de material con fines terroristasEl primer artículo del decreto introduce el nuevo delito de posesión de material con fines terroristas. Se castigará con penas de prisión de 2 a 6 años para quien sea sorprendido en posesión de material con instrucciones para preparar artefactos explosivos, armas, sustancias químicas o bacteriológicas y cualquier otra técnica destinada a tener fines terroristas. Difusión del terrorismoTambién en materia de terrorismo, se introducen delitos tanto en el caso de posesión de material destinado a dar instrucciones para llevar a cabo actos de terrorismo como en el de difusión de instrucciones para preparar material explosivo. Daños durante manifestacionesPara el delito de causar daños durante manifestaciones o actos públicos, se aumenta la pena si el delito se comete causando violencia a la persona o una amenaza. La pena es de prisión de 6 meses a 5 años y multa de hasta 15. 000 euros. 'Bodycam' y armas privadasLos policías podrán llevar cámaras corporales en sus uniformes para grabar lo que ocurre mientras están de servicio o cuando realizan labores de vigilancia en lugares donde se detiene a personas sujetas a restricciones de libertad. Cuando los agentes no estén de servicio, también podrán llevar armas privadas sin necesidad de licencia. Controles policialesEl decreto prevé sanciones más duras para quienes incumplan las obligaciones impuestas por la policía de tráfico. Prevé sanciones accesorias y la suspensión del permiso de conducir de 15 a 30 días para los reincidentes. Protestas en carreteras y víasEn lugar de ser una infracción administrativa, los bloqueos de carreteras y vías férreas realizados "con el propio cuerpo" pasan a ser un delito penal, con la pena aumentada si los realizan varias personas. La pena es de hasta un mes de prisión o una multa de hasta 300 euros. Si el delito se comete durante una manifestación, la pena de prisión puede llegar a seis años. Anulación de la ciudadaníaEl decreto interviene también en materia de revocación de la nacionalidad ampliando de 3 a 10 años el plazo en el que el Estado puede ejercer la anulación contra el extranjero. El plazo comienza a contar a partir de la condena por infracciones graves ya previstas por la ley. OkupacionesItalia crea el delito de ocupación arbitraria de inmueble utilizado como vivienda ajena. Para quienes lo hagan, la pena es de 2 a 7 años de prisión. El decreto prevé también un procedimiento de urgencia para liberar la propiedad. Prohibiciones urbanasLa prohibición de frecuentar determinadas zonas de las ciudades se extiende ahora a toda persona condenada o denunciada en los cinco años anteriores por delitos contra la persona o la propiedad que hayan tenido lugar en el interior de estaciones de ferrocarril, aeropuertos o transportes públicos. Protestas contra la construcción de infraestructurasUna nueva circunstancia agravante pretende castigar los actos violentos cometidos para impedir la construcción de una infraestructura (la llamada regla de "ni Puente ni Tav"). Se refiere a las destinadas al suministro de energía, transporte, telecomunicaciones u otros servicios públicos. Agravante para los delitos en estacionesSe prevé una circunstancia agravante para los delitos no culposos contra la vida y la seguridad pública e individual, contra la libertad personal y contra la propiedad, o que atenten de otro modo contra la propiedad. Para los delitos cometidos cerca o dentro de estaciones de ferrocarril o metro, se activa la circunstancia agravante. MendicidadPara quien emplee a menores de hasta 16 años en la mendicidad, el castigo se endurece hasta cinco años de prisión. Anteriormente, el límite estaba fijado en los 14 años. Hurtos de madres y embarazadasLas mujeres embarazadas o madres de un niño pequeño culpables de delitos, como el hurto menor, podrán ser encarceladas. Es decir, se suprime la obligación de aplazar la pena para estas mujeres. Fraude contra ancianosPara reprimir el fraude contra las personas mayores, se introduce la estafa agravada con detención en flagrante delito, que prevé penas de prisión de 2 a 6 años, así como una multa de 700 a 3. 000 euros. Contra el cannabis 'light'Se prohíbe el cultivo de cannabis para usos distintos de los industriales y permitidos. La prohibición se extiende también a la importación, transferencia, transformación y comercio de inflorescencias de cannabis sativa. En estos casos, se aplican las mismas penas que para los estupefacientes. En la sesión del Senado que aprobó esta ley de seguridad se escucharon gritos de "¡Vergüenza! ¡Vergüenza!". Parlamentarios del Partido Democrático (PD, el principal de centroizquierda), del Movimiento Cinco Estrellas y de Alianza Verdes e Izquierda, se sentaron en el suelo, al centro del hemiciclo, con las manos levantadas y carteles que rezaban "denúnciennos a todos", simulando el nuevo delito de cortar calles. Giorgia Meloni defiende que el Gobierno "da un paso decisivo para aumentar la protección de los ciudadanos y de los hombres y mujeres uniformados". Tras la sesión en el Senado, la primera ministra escribió en redes sociales: "Intervenimos con determinación en contra de las ocupaciones abusivas, acelerando los desalojos y protegiendo a familias, ancianos y propietarios honestos, demasiadas veces dejados solos frente a injusticias intolerables". Pero la oposición rechaza la nueva legislación por "silenciar el disenso" y volver a Italia un "estado policial". Según Elly Schlein, líder del Partido Democrático, la derecha y la extrema derecha sumergen a Italia en un pasado lejano, el del código fascista de 1930. Según su compañero, Alessandro Zan, "el decreto de seguridad que se convirtió en ley es una bofetada a la democracia. Lo que el gobierno llama seguridad es en realidad represión". Frente a ellos, Matteo Salvini, inspirador del texto legislativo, dijo que era "¡Un hermoso día!". Según el líder de la Liga, gracias al decreto seguridad las fuerzas del orden "tendrán más poder y protección, se endurecerán los delitos para los ladrones, para los que engañan a los ancianos". Fuera del ámbito político la opinión, por ejemplo, de la Asociación Nacional de Juristas Democráticos. "Consideramos esta ley como el ataque más importante contra la libertad de estar en desacuerdo" con el gobierno "de la historia de la Italia republicana", ha dicho el abogado Cesare Antetomaso. Se refiere al hecho de que "las formas habituales de protesta sindical, como bloquear las carreteras, pueden ser castigadas con una pena de hasta dos años de prisión".