Cobrar el ingreso mínimo vital (IMV), la ayuda universal a hogares en situaciones de pobreza severa, disminuye la probabilidad de trabajar en un 12%. Los días trabajados al mes se reducen un 11% (el equivalente a trabajar 0,6 días menos) respecto a quienes no perciben la ayuda, pero se encuentran en niveles de renta similares. Así lo ha comprobado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que ha presentado este miércoles su cuarta evaluación sobre esta prestación que se introdujo en el año 2020. En algunos colectivos específicos, como las familias monoparentales, las nóminas altas o los menores de 30 años, la probabilidad de no trabajar tras empezar a percibir la ayuda se eleva por encima del 20%, señala la Airef. La presidenta del organismo, Cristina Herrero, no ha entrado a valorar estos porcentajes de afectación sobre el empleo son grandes o pequeños, pero sí señalan que es un "peaje que hay que pagar por tener prestaciones de este tipo". Los efectos que ha detectado la Airef van en línea con los que se han observado en otros estudios internacionales sobre rentas mínimas que sugieren cierto desincentivo al empleo. Este efecto perjudicial para el empleo se mantiene pese a que el Gobierno introdujo un mecanismo para incentivar el empleo entre los perceptores del IMV en 2023. La Airef considera que el incentivo está mal diseñado porque los beneficiarios no perciben de manera clara sus ventajas, no tiene en cuenta si se trabaja a tiempo completo o parcial y genera incertidumbre sobre el tiempo que se va a cobrar o sobre si va a llevar a que revisen la renta. Por ello, piden reformularlo por completo. La razón por la que se produce ese desincentivo al empleo es que el IMV aumenta lo que se conoce en el argot técnico como el salario de reserva, es decir, el sueldo a partir del cual se está dispuesto a aceptar un empleo. Sin embargo, esto mismo tiene también una cara positiva. Permite rechazar empleos más precarios y hacer búsquedas laborales más selectivas, proporciona estabilidad y da oportunidades a los trabajadores para recualificarse. Como ya se ha constatado en otras evaluaciones, uno de los grandes problemas estructurales que afectan al IMV es que una parte muy grande de la población que podría beneficiarse de la ayuda no llega siquiera a pedirla. La Airef cifra ese porcentaje de 'no petición' (llamado non take up) en el 55% de los hogares, una tasa que se ha mantenido estable a lo largo de los años.