La vivienda: un derecho efectivo

La vivienda: un derecho efectivo
En el año 2012, acudía, junto a un grupo de personas, a frenar el desahucio de Agustina en el madrileño barrio de Villaverde. Bankia estaba dispuesta a desahuciar a una mujer de 60 años que no había podido pagar la hipoteca tras haber perdido su empleo.

Desde entonces, los colectivos sociales en defensa del derecho a la vivienda, como son la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y los Sindicatos de Inquilinas, no han dejado de demandar una Ley estatal de protección del Derecho a la Vivienda. Estas organizaciones sociales se han dedicado a ser los garantes últimos de este derecho, ante una administración pública que había decidido no desarrollar, no garantizar y conculcar el mandato constitucional que recoge, de forma expresa, el derecho a la vivienda y la prohibición de la especulación. A FONDO | Así es el 'bono calefacción' de 90 euros aprobado por el Gobierno: todos los detalles y cuándo entra en vigor

Nueve años después, al fin, se empieza a tramitar el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, la primera de la historia de la democracia. Un anteproyecto que tiene como objetivo principal cambiar el paradigma: empezar a concebir la vivienda como derecho y dejar atrás un modelo en el que la vivienda ha sido comprendida hasta la fecha como bien exclusivamente de mercado. Esta ley sienta las bases para empezar a construir un modelo en el que la vivienda tenga la concepción de servicio de interés general

Evidentemente, este cambio de modelo no se va a producir de la noche a la mañana, máxime teniendo en cuenta las resistencias del lobby financiero-inmobiliario al que, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, han sido sumamente permeables históricamente. Pero, en todo caso, esta ley sienta las bases para empezar a construir un modelo en el que la vivienda tenga la concepción de servicio de interés general y que ya es efectivo en numerosos países europeos.

Un modelo que apueste por un verdadero parque de vivienda social, que no pueda ser vendido a fondos de inversión, como ha sucedido en la Comunidad de Madrid y que obligue a reservar un 30% de vivienda protegida incluyendo un 15% de alquiler social en las nuevas promociones inmobiliarias, también en el caso de grandes reformas. Un ejemplo sencillo que puede ilustrar qué significa esto, lo encontramos en situaciones tan comunes como en las que un grupo inmobiliario compra un edificio en el centro de la ciudad y lo reforma para dedicarlo a vivienda turística. A partir de ahora, ese edificio deberá garantizar el 30% de vivienda protegida.

Un modelo que frene la violencia económica que suponen los desahucios sin alternativa habitacional adecuada, que sea capaz de poner en coordinación a los juzgados y a los Servicios Sociales desde el principio del procedimiento, que permita al juzgador realizar juicios de proporcionalidad para valorar individualmente cada caso de desahucio y, sobre todo, que requiera a las administraciones competentes a proveer de alternativa habitacional adecuada, tal y como mandata Naciones Unidas a las personas en situación de vulnerabilidad. Un modelo que sea capaz de pinchar la burbuja de los precios del alquiler en la que estamos sumidos

Un modelo que sea capaz de pinchar la burbuja de los precios del alquiler en la que estamos sumidos como consecuencia de las políticas llevadas a cabo por el Gobierno del Partido Popular.

Para ello, se declararán zonas de mercado tensionado, donde los grandes propietarios deberán bajar los precios de los alquileres, además de incentivar mediante medidas fiscales a los pequeños que, en todo caso no podrán aumentarlos. Además, se retirarán los privilegios fiscales de grandes propietarios, de tal forma que los incentivos para los pequeños se vean compensados por la retirada de esos beneficios inexplicables.

A su vez, se movilizará la vivienda vacía a través del recargo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a aquellos inmuebles que lleven dos años vacíos sin causa justificada, una realidad que es causante del desabastecimiento de un bien de primera necesidad -como es la vivienda- y que ha tenido la capacidad de alterar el precio del mercado. Este anteproyecto de ley marca el inicio de un camino que, desde luego, debe ser recorrido por toda la sociedad y que debe ser completado

Este anteproyecto de ley marca el inicio de un camino que, desde luego, debe ser recorrido por toda la sociedad y que debe ser completado y mejorado en su trámite parlamentario. En el proceso debe incluirse su aplicación inmediata, la necesidad de corresponsabilizar a la SAREB en la creación del parque público de vivienda, la regulación de la dación en pago como elemento que permita a las personas hipotecadas disfrutar de una segunda oportunidad real o la transformación de los usos turísticos de las viviendas en residenciales -un fenómeno que ha perjudicado el acceso a la vivienda en muchos territorios-, entre otras cuestiones.

Esta ley tiene, además, la misión de completar la legislación autonómica en materia de vivienda, donde lugares como la Comunidad Valenciana, Euskadi o Catalunya son punta de lanza, mientras que, en otros, como la Comunidad de Madrid, carecen de ella.

El Partido Popular ha condenado a Madrid a ser el epicentro de la especulación. Sus gobernantes ya han anunciado su rebeldía frente a una ley que solo puede suponer la mejora del acceso a la vivienda en una ciudad donde hay más de 26. 573 grandes tenedores de vivienda, donde las listas de espera para acceder a una vivienda protegida son seña de identidad de la región y donde emanciparse de forma autónoma es solo posible para uno de cada diez jóvenes.

En definitiva, urge aprobar y aplicar esta ley, el pistoletazo de salida de un nuevo horizonte en el que los derechos sociales sean efectivos. Solo así podremos afirmar que vivimos en un verdadero Estado social y democrático de derecho.

Comentarios

Tentu usa cookies para ofrecerte la mejor experiencia

Básicas

Analíticas de usuario y rendimiento